El auto sostiene que Santos Cerdán puso estructura, dinero y medios del partido al servicio de una presunta organización criminal
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha situado al PSOE en el centro de una de las investigaciones más graves que se recuerdan contra el partido del Gobierno. Según los autos que llevaron a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hasta la sede socialista de Ferraz, el partido habría sostenido con dinero, medios y estructura interna una presunta trama dedicada a atacar a jueces, fiscales y agentes de la UCO para intentar desactivar causas judiciales que afectaban al PSOE, al Gobierno y al entorno familiar de Pedro Sánchez.
Imagínate, lector incensurable, que el partido que lleva años dando lecciones de democracia, transparencia y limpieza institucional aparece ahora señalado en un auto judicial por haber puesto su propia estructura al servicio de una presunta organización criminal, para sorpresa de pocos. No hablamos de una tertulia subida de tono. No hablamos de un rumor de pasillo. Hablamos de una resolución judicial que autorizó a la Guardia Civil a entrar en Ferraz y llevarse libros contables, contratos, facturas, hojas de visitas, registros de acceso, correos electrónicos y documentación interna del partido.
Según Pedraz, el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán habría asumido «la coordinación y ejecución» de actuaciones «penalmente relevantes» con un propósito principal: desestabilizar de forma sistemática cualquier procedimiento judicial o actuación policial que pudiera golpear al PSOE, al Gobierno o a la familia del presidente. Traducido: el juez investiga si desde el corazón del sanchismo se maniobró para torpedear investigaciones incómodas.
Begoña Gómez, la carta de Sánchez y la maquinaria
El auto sitúa el punto de inflexión en abril de 2024, tras la imputación de Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Después llegó la famosa Carta a la Ciudadanía de Pedro Sánchez, sus cinco días de reflexión y, según la investigación, una reunión clave en Ferraz el 26 de abril de 2024.
En esa cita habrían participado Leire Díez, Javier Pérez Dolset, Juan Manuel Serrano y varios miembros de la estructura orgánica socialista, entre ellos Santos Cerdán e Ion Antolín, director de Comunicación del PSOE. Es decir, esto no era una charla suelta entre personajes secundarios. Según el juez, la reunión se produjo en la sede nacional del partido y con presencia de nombres incrustados en la sala de máquinas socialista.
Las alusiones al presidente y a su familia son constantes. Leire Díez envió un mensaje al ex presidente de la SEPI Vicente Fernández en el que decía: «Me voy de urgencia a Madrid. Me ha mandado Santos ir. Tenemos información que ayudaría al presidente». En unas anotaciones manuscritas incautadas, la propia Díez dejó escrito: «Intentamos contactar con el PSOE dos años y sólo cuando ocurre lo de Begoña alguien nos recibe».
Y aquí viene una de esas frases que explican demasiado. Según recoge el auto, Díez afirmó que «el presidente del Gobierno está refiriéndose a todo lo que estamos haciendo». Blanco y en botella, aunque ahora todos intenten vendernos que nadie sabía nada, nadie preguntaba nada y todo pasaba por generación espontánea.
«Por orden del One»
La investigación recoge otra expresión demoledora: «Por orden del One». Según el auto, Leire Díez explicó que, por esa orden, Cerdán habría indicado que el objetivo era lograr la nulidad de causas judiciales vinculadas al sector de los hidrocarburos y al caso Koldo, que ya había llevado a prisión al ex secretario de Organización socialista José Luis Ábalos.
No es el único pasaje explosivo. El empresario Javier Pérez Dolset y Leire Díez habrían explicado que, cuando salió la imputación de Begoña Gómez, «entonces el presidente ya dijo que se limpie todo». Una frase que, si aparece en un auto judicial, no puede despacharse con el manual habitual de «bulo», «fachosfera» y «máquina del fango».
Pedraz sostiene que el PSOE «soportó» desde el inicio el coste de la actividad desplegada por la presunta organización criminal. Según el juez, el partido permitió que la trama utilizara personal para funciones administrativas, cedió dependencias para reuniones y sufragó parte de la logística de algunos miembros de la red. Lo de siempre: cuando el dinero es de todos o del partido, las casualidades salen carísimas.
Ofensiva contra jueces por 4.000 euros al mes
El instructor afirma que Cerdán, gracias a su «rol superior», ordenó pagar a Leire Díez 4.000 euros mensuales con fondos del partido. La presunta organización, siempre según el auto, habría ofrecido remuneraciones o favores a funcionarios de la Guardia Civil, investigados y fiscales a cambio de información o actos contrarios al ejercicio de sus cargos.
El plan no se habría limitado a recopilar información. Pedraz señala que se estableció como premisa atacar la correcta dirección de investigaciones judiciales concretas. Entre los objetivos aparecen magistrados como Biedma, Ayala o Peinado, además de la Fiscalía Anticorrupción y la propia UCO.
También se mencionan denuncias que el juez califica como infundadas contra la magistrada que instruye la causa en la que está imputado David Sánchez Castejón, hermano del presidente del Gobierno. Es decir, el patrón que investiga la Audiencia Nacional no va de una gestión torpe ni de una metedura de pata administrativa: va de una presunta estrategia para golpear a quienes investigaban al poder.
La causa ya alcanza a varios nombres del entorno socialista. Pedraz imputó a Ana María Fuentes Pacheco, gerente de la Secretaría de Organización del PSOE, al menos como cómplice y, en todo caso, como posible autora de un delito de falsedad en documento mercantil por la emisión de facturas presuntamente mendaces.
El juez también indaga la actuación de Juan Manuel Serrano, ex jefe de Gabinete de Pedro Sánchez, y de Juan Francisco Serrano, diputado y ex número dos de Cerdán. Sobre ambos aprecia indicios de colaboración con los investigados, aunque precisa que deberá avanzar la investigación para concretar su eventual responsabilidad penal.
Junto al registro en Ferraz, la UCO también registró la casa de Santos Cerdán en Milagro, el domicilio de Javier Pérez Dolset y el despacho del ex consejero socialista Gaspar Zarrías. En la causa se investigan delitos de organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.
Y ahora vendrá lo previsible: que si persecución judicial, que si ruido mediático, que si la derecha extrema, que si todo es una conspiración. Pero el dato incómodo es éste: un juez de la Audiencia Nacional ha ordenado a la Guardia Civil entrar en la sede del PSOE porque investiga si Ferraz pagó y alimentó una trama para atacar a jueces, fiscales y agentes de la UCO. No es poca cosa. Es el corazón del poder bajo sospecha.