Pedraz pide a la UCO recabar datos sobre Parra y Sáenz de Tejada por su posible papel para destruir el procedimiento del hermano de Sánchez.
Beatriz Biedma, la jueza que instruyó el caso de David Sánchez Pérez-Castejón, hermano de Pedro Sánchez, fue vigilada durante meses incluso en rutinas familiares como la llegada al colegio de sus hijas. La historia no va de una anécdota: va de presión, cloaca socialista y miedo alrededor de una causa incómoda para La Moncloa, o mejor dicho, para el sanchismo.
Según se ha podido conocer, desconocidos habrían preguntado a vecinos y personas del entorno de la magistrada por su vida privada, sus horarios, sus aficiones y su rutina familiar. El objetivo: encontrar algún resquicio para desacreditarla y debilitar la causa. Biedma, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Badajoz y jueza decana de la ciudad, fue quien llevó la instrucción del caso abierto contra el hermano del presidente del Gobierno por su plaza en la Diputación de Badajoz.
El juicio oral arrancó el 28 de mayo de 2026 en la Audiencia Provincial de Badajoz. La magistrada no sólo tuvo enfrente la dificultad propia de una causa con apellido explosivo. También soportó acusaciones de lawfare, ataques políticos y movimientos procesales para apartarla del procedimiento. Sí, querido lector incensurable: cuando el caso se acercó demasiado al poder, empezaron las casualidades de manual.
La UCO entra en escena
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha ordenado a la Guardia Civil recabar información sobre Joaquín Parra y Luis José Sáenz de Tejada, citados por su posible participación en maniobras dirigidas contra Biedma para intentar «destruir» el procedimiento contra David Sánchez, según la información judicial publicada.
Sáenz de Tejada, ex juez expulsado de la carrera judicial tras una condena, intentó personarse en la causa y también recusó a la magistrada. Sus movimientos fueron rechazados por la propia Biedma y por la Audiencia Provincial. La versión publicada por El Mundo apunta a que el intento no era precisamente contemplar el paisaje judicial desde la barrera.
En la investigación también aparece Leire Díez, la conocida como fontanera del PSOE, vinculada a audios y contactos en los que se hablaba de actuaciones contra perfiles incómodos para causas que afectaban al entorno socialista. Pedraz investiga ya una supuesta estructura destinada a desactivar procedimientos judiciales relacionados con el PSOE o el Gobierno.
El caso del hermano de Sánchez
El procedimiento contra David Sánchez Pérez-Castejón se abrió tras una denuncia de Manos Limpias presentada el 27 de mayo de 2024. La instrucción analizó la creación y adjudicación de una plaza en la Diputación de Badajoz vinculada a actividades musicales y escénicas. Biedma acabó enviando a juicio a David Sánchez, a Miguel Ángel Gallardo y a otros investigados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.
En el cuerpo de la causa, la jueza fue acumulando indicios sobre el diseño, adjudicación y posterior adaptación del puesto. La magistrada, según el retrato publicado, mantuvo su ritmo de trabajo pese a las presiones. Olé su moño. Su entorno sostiene que no buscó protagonismo ni ascensos: simplemente siguió adelante con una causa que le cayó por reparto aleatorio. Y ese detalle importa, porque desmonta la milonga del plan político prefabricado.
¿Por qué es noticia?
Porque si una jueza que investiga al hermano del presidente acaba siendo seguida hasta el colegio de sus hijas, el asunto deja de ser una bronca jurídica y pasa a ser una señal de alarma democrática. El dato incómodo no es menor: la presión no se quedó en tertulias, autos o titulares. Llegó, según lo publicado, a su vida diaria. Incensurables lo cuenta porque otros preferirán envolverlo en niebla: «tensiones», «controversia», «ruido judicial». No. Aquí hablamos de una magistrada que instruyó una causa contra el hermano de Sánchez y de una trama investigada por intentar desactivar procedimientos incómodos para el poder. Llámalo como quieras, lector, pero huele fatal.