La ministra sostiene que la población nacida fuera de España acude menos a Atención Primaria, consume menos fármacos y registra menos enfermedades crónicas.
Mónica García ha salido este lunes 1 de junio de 2026 a defender una tesis políticamente explosiva: que los inmigrantes usan menos la sanidad que los españoles y que, en términos generales, llegan con mejor salud. Lo ha hecho con un informe del Ministerio de Sanidad bajo el brazo y con un mensaje dirigido directamente contra quienes advierten del impacto del nuevo decreto de acceso universal al sistema sanitario.
La ministra ha presentado el informe Estado de salud y uso del sistema sanitario por la población migrante en España, elaborado por su departamento, para sostener que el discurso sobre la presión migratoria en la sanidad pública no se corresponde con los datos manejados por el Gobierno. «El principal relato que se ha querido instaurar en torno a la migración y la sanidad no se sostiene. La población inmigrante utiliza menos el sistema sanitario que la población nacida en España», ha afirmado García.
El planteamiento de Sanidad llega en pleno debate por el Real Decreto 180/2026, aprobado en marzo, que regula el reconocimiento del derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria con cargo a fondos públicos para personas extranjeras que se encuentran en España sin residencia legal. Traducido al castellano de la calle: el Gobierno facilita el acceso sanitario a inmigrantes en situación irregular mediante una declaración responsable.
Mónica García defiende que los españoles usan más la sanidad
Según los datos expuestos por la ministra, la población nacida en España utiliza la Atención Primaria entre un 18% y un 51% más que la población nacida fuera del país. Sanidad añade que los españoles presentan entre un 32% y un 69% más de consumo de medicamentos y entre un 24% y un 38% más de enfermedades crónicas que los inmigrantes.
El informe compara a los nacidos en España con personas procedentes de la Unión Europea, África, Latinoamérica, Mediterráneo Oriental y otras regiones. En esa fotografía, el Ministerio sostiene que la población autóctona presenta mayor prevalencia en 16 de las 21 patologías analizadas, entre ellas trastornos de ansiedad, trastornos del metabolismo lipídico, infecciones respiratorias agudas del tracto superior y asma.
La tesis oficial es clara: el problema de la sanidad no sería la llegada de inmigrantes, sino las barreras de acceso, la inversión, las desigualdades sociales y el uso tardío del sistema. Sí, querido lector incensurable: según el Gobierno, el colapso no va de más usuarios entrando por la puerta, sino de que algunos llegan tarde porque antes no podían entrar bien.
El «efecto del inmigrante sano» que usa Sanidad para justificar su discurso
El Ministerio de Sanidad apoya su lectura en el llamado «efecto del inmigrante sano», una premisa epidemiológica que sostiene que muchas personas migrantes llegan al país de destino con mejores indicadores de salud que la población nativa. El argumento es que quien migra suele ser, de entrada, una población más joven o físicamente más capaz de afrontar ese proceso.
García ha defendido que el informe se ha elaborado «con toda la mejor evidencia científica, a partir de datos sólidos y fácilmente contrastables». El Ministerio sostiene además que la salud de los inmigrantes empeora con los años por factores como el acceso a una vivienda digna, una alimentación saludable, condiciones laborales precarias y exposición continuada a riesgos sociales.
Ahí está la segunda parte del relato: los inmigrantes usarían menos la sanidad ordinaria, pero las barreras administrativas y sociales empujarían a algunos hacia las urgencias y a más ingresos hospitalarios cuando la atención llega tarde. Es decir, Sanidad no solo niega que sean una carga superior de entrada, sino que presenta el acceso temprano como una forma de evitar costes mayores.
El informe también recoge datos peores en algunos grupos de inmigrantes
El propio informe no dibuja una postal perfecta. Hay indicadores en los que la salud de determinados grupos nacidos fuera de España aparece peor que la de los españoles. Por ejemplo, los niveles de diabetes tipo 2 son más altos entre personas procedentes del Mediterráneo Oriental, con una tasa de 103,2 por mil frente a 69,3 por mil en los nacidos en España.
También se recogen peores niveles de hipertensión no complicada e insuficiencia renal crónica entre inmigrantes procedentes de África. En el caso de los nacidos en Latinoamérica, Sanidad señala más problemas administrativos con el sistema sanitario. Dicho de otra forma: el informe sirve al Gobierno para sostener su tesis general, pero no elimina diferencias relevantes por origen, enfermedad y tipo de acceso.
En otros indicadores, las cifras son prácticamente iguales. El infarto agudo de miocardio aparece con una tasa de 8,7 por mil en nacidos en España frente a 8,8 por mil entre procedentes de otros países de la Unión Europea. Y el uso de profesionales de salud mental en el último año se sitúa en el 18,2% entre españoles frente al 18,1% entre nacidos en el extranjero.
El decreto de sanidad universal y la batalla política
La presentación del informe no llega en el vacío. Llega después de que el Gobierno aprobara el decreto de sanidad universal, una norma que ha provocado críticas por el posible aumento de la presión asistencial en un sistema ya tensionado por listas de espera, falta de médicos, saturación de Atención Primaria y diferencias entre comunidades autónomas.
Vox ha sido el partido más frontal contra el decreto, al considerar que facilita el acceso a prestaciones públicas a personas que se encuentran de forma irregular en España. Mónica García, por su parte, ha calificado esas críticas de “bulos” y “prejuicios”, y defiende que limitar el acceso ordinario acaba siendo menos eficiente que atender antes y evitar que los problemas terminen en urgencias.
El punto polémico es evidente: el Gobierno vende el decreto como una medida de salud pública y derechos; sus críticos lo ven como otro incentivo político en materia migratoria y otra carga sobre un sistema que ya no va precisamente sobrado. Entre medias, el ciudadano que pide cita en su centro de salud y recibe respuesta para dentro de días o semanas escucha que el problema no es de demanda, sino de relato.
Sanidad insiste en que atender antes sale más barato
La conclusión política de Sanidad es que proporcionar acceso al sistema sanitario a los inmigrantes resulta más coste-efectivo que limitar la entrada al circuito hasta que la única vía real sea urgencias. Es el argumento clásico de la prevención: mejor atención temprana, menos complicaciones y menos coste hospitalario posterior.
Ahora bien, el debate no se agota en el Excel. La pregunta que queda encima de la mesa es quién paga, cómo se organiza, qué recursos se ponen, qué comunidades soportan más presión y cómo se garantiza que la universalidad no se convierta en otro anuncio bonito sin médicos suficientes detrás. Porque una cosa es presentar un informe y otra muy distinta es sentarse en una sala de espera colapsada.
Mónica García ha elegido el dato para combatir la crítica política. Sus adversarios elegirán la lista de espera para responderle. Y en medio queda la sanidad pública española, convertida otra vez en campo de batalla entre el discurso gubernamental, la presión migratoria, los recursos disponibles y la paciencia, cada vez menor, de los pacientes.